La SCJN resolvió consignar a la Alcaldesa Laura Nallily González García y 14 regidores del cabildo, ademas de la presidenta municipal e integrantes del cabildo, se ordeno consignar a los regidores de la administración 2013-2015 todos del municipio de Coacalco, Estado de México, por incumplir con una orden emitida en un Juicio de Amparo.
Durante la sesión de este jueves 18 de enero de 2018, el Pleno del Tribunal, determinó consignar ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, a González García y los otros servidores y ex servidores públicos del cabildo.
Cabe mencionar que en la sesión del martes 16 de enero de este 2018, el Pleno de la Suprema Corte destituyo a los actuales integrantes del Ayuntamiento (2016-2018) en un caso similar al del municipio de Paraíso, Tabasco por el incumplimiento de otra sentencia de amparo.
Resolviendo consignar tanto a los actuales Regidores y Alcaldesa como a los integrantes del anterior Ayuntamiento (2013-2015), cuyo presidente municipal en el momento de los hechos era David Sánchez Isidoro, quien pidió licencia al Ayuntamiento para separarse del cargo en enero de 2015.
El presente caso tuvo su origen en la afectación por expropiación de dos lotes de terrenos para la construcción parcial de las calles San Pedro y Canosas de la Colonia San Francisco, Coacalco, en el municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. El efecto de la concesión del amparo por el remate y adjudicación indebidas de los predios no puede ser el de volver las cosas al estado original que tenían en virtud de que sobre ellos se encuentran construidas y en funcionamiento las calles aludidas. Por ese motivo, de ser entregados los predios a los quejosos, se ocasionaría un daño a la sociedad.
Así las cosas, en el incidente de cumplimiento sustituto se dispuso que las autoridades responsables, ayuntamiento y presidente municipal de Coacalco realizaran las gestiones necesarias para pagara la indemnización correspondiente. No obstante, a pesar de los requerimientos hechos por las autoridades judiciales federales el Ayuntamiento y funcionarios fueron omisos en el cumplimiento de la sentencia de amparo. De ahí que los integrantes del mismo se hicieron acreedores a la sanción impuesta con la probabilidad de ir a la cárcel sin derecho a libertad bajo caución.