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Establece también cambios importantes en la Ley del Transporte en iniciativa  presentada ante el Congreso Local.

Abusos y anarquía se terminarán y usuarios y prestadores del servicio se benefician.

Una reforma a la Ley del Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado, que contempla importantes cambios que benefician a la prestación del servicio de taxis o vehículos de alquiler, propuso el diputado José Luis Garza Ochoa.

De acuerdo al también presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Local,  se busca crear condiciones más favorables para los prestadores del servicio de los vehículos de alquiler, con el fin de dar certeza jurídica al trabajo que desempeñan.

Los cambios propuestos son de vital importancia pues destaca en primer lugar la disminución del pago de garantía de cumplimiento de 100 a 10 cuotas.

También se eliminarán los abusos hacia los operadores de los vehículos de alquiler y nunca se podrá  aplicar la multa máxima cuando sea la primera vez que se cometa una infracción.

Otro punto importante es el establecer que una vez que se haya retirado una concesión, sea por sorteo su entrega y puedan participar todos los ciudadanos del Estado que tengan interés de prestar dicho servicio.

Asimismo, se establece una nueva modalidad tal y como lo es el vehículo de alquiler de zona con el fin de regularizar todos los taxis piratas que ya prestan servicio en zonas de alto riesgo.

La propuesta contempla también el agregar dos espacios en el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad con el fin de que los prestadores del servicio de vehículos de alquiler tengan mayor representatividad.

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Otro punto sobresaliente es el de dar preferencia en caso de aprobación de nuevas concesiones a quien acredite una experiencia de diez años de prestar el servicio de alquiler.

“La movilidad es uno de los reclamos ciudadanos más agudos y hoy, debe ser una de las prioridades de todo gobierno”, explica el legislador.

Garza Ochoa califica al servicio de taxis como rápido, cómodo, además de privacidad a los usuarios, de ahí que sea necesario y que se complementa con  los sistemas de transporte público para mejorar la movilidad.

Por ello, insiste, es fundamental que cuenten jurídicamente con una regulación que beneficie a los prestadores del servicio, los que en los últimos años no han sido bien tratados por el Estado.

 

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